Dos de los seis cargos que las autoridades francesas presentaron contra el cofundador de Telegram, Pável Dúrov, han causado gran revuelo en el sector tecnológico, ya que podrían afectar a otras plataformas de mensajería instantánea, según reveló Politico.
Las acusaciones se basan en la infracción de una ley del 2004 que obliga a cualquier empresa que ofrezca herramientas de criptografía a notificarlo a la agencia francesa de ciberseguridad (ANSSI) y a conservar una "descripción de las características técnicas de la herramienta criptográfica", así como el código fuente del 'software'.
Específicamente, los dos cargos se refieren al suministro de servicios criptológicos diseñados para proporcionar funciones de privacidad sin declaración obligatoria, y al suministro e importación de herramientas criptológicas que no proporcionan funciones de autenticación o verificación de integridad sin declaración obligatoria.
A diferencia de las otras acusaciones contra Dúrov, que consisten principalmente en distribuir contenidos ilegales, estos dos cargos fueron inesperados por otras aplicaciones que ofrecen funciones de correspondencia cifrada, como iMessage, Signal o WhatsApp*.
Según Politico, esta ley es inusual, especialmente en Occidente, donde la manipulación de las comunicaciones privadas por parte del gobierno tiende a considerarse una extralimitación del poder estatal. Un ejemplo destacado es la recientemente revisada ley de encriptación china, considerada por los críticos occidentales como una vigilancia estatal impuesta mediante requisitos legales.
Los abogados y representantes del sector entrevistados por Politico no pudieron recordar un solo caso en 20 años en el que esta ley se haya utilizado para acusar a plataformas tecnológicas. "Esto es un suicidio económico y está cambiando rápida y permanentemente la percepción de fundadores e inversores", escribió en X Andy Yen, CEO del proveedor tecnológico Proton, poco después de que se hicieran públicas las acusaciones.
Detención y liberación
Dúrov fue detenido el 24 de agosto tras bajar de su avión privado en la pista del aeropuerto de París-Le Bourget, a donde llegó desde Azerbaiyán. Sobre él pesaba una orden de búsqueda emitida por las autoridades francesas, que le acusaban de varios cargos vinculados a "conspiración criminal", "blanqueo de delitos", así como permitir transacciones ilícitas a una banda organizada, crímenes conectados con la criptografía, fraude, pornografía, entre otros.
Su detención temporal terminó el pasado miércoles, cuando fue imputado y puesto bajo vigilancia judicial con la condición de pagar una fianza de 5 millones de euros y la prohibición de salir de Francia.
